La sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de Alpedrete presentó el pasado
19 de enero en los juzgados de lo penal de Collado Villalba, una querella por
supuesta prevaricación contra María Casado Nieto, Alcaldesa del Partido
Popular del Ayuntamiento de Alpedrete, reelegida el 22 de mayo de 2011.
El motivo de la querella es la contratación por seis meses mediante decreto
firmado por la alcaldesa el 19 de julio de 2010 de dos trabajadores para el
desempeño de las funciones de oficiales de primera en el departamento de
obras. Dichas contrataciones las realizó Dña. María Casado Nieto sin la
convocatoria pública preceptiva y con los informes desfavorables de la
Secretaria y de la Interventora del Ayuntamiento. Dicha contratación no puede
hacerse de forma directa, sino que ha de realizarse por medio de oferta pública
de empleo, garantizando así los principios constitucionales de mérito, capacidad
e igualdad, así como, y entre otras cosas, la publicidad de las convocatorias y de
sus bases y la transparencia del procedimiento. Debemos enfatizar que de los
informes y de su contenido tuvo pleno conocimiento la alcaldesa, pues su
notificación fue rubricada por ella. Igualmente, debemos destacar que Dña.
María Casado Nieto tiene relación de parentesco con uno de los contratados,
hijo de un primo-hermano suyo.
Si en esta contratación la legalidad es la principal víctima, también lo son todas
aquellas personas que pudieron haber optado a los puestos de trabajo si se
hubiera producido la preceptiva oferta pública de empleo. La consecuencia
fundamental del comportamiento que denunciamos es que se ha privado del
derecho constitucional de optar a un empleo público a cientos de personas que
estando desempleadas ven cómo se sigue contratando a dedo a pesar de que
vivimos en un estado de derecho. No nos cabe duda de que con esta forma de
actuar, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Alpedrete ha beneficiado a dos
personas, una de ellas de su entorno familiar, y ha perjudicado con su
arbitrariedad a muchos de sus convecinos de Alpedrete y de su comarca.
La querella interpuesta ha seguido su recorrido judicial y el juzgado Nº2 dela acción popular, que es la acción pública que corresponde a
Participa en esta acción popular
Haz tu ingreso* en la cuenta 0182-5889-69-0201525182
*Guarda el resguardo y te reintegraremos el importe ingresado una vez devuelta la fianza
(CONFIDENCIALIDAD GARANTIZADA)
Más información: accionpopular.alpedrete@hotmail.es
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Más información: accionpopular.alpedrete@hotmail.es
Collado Villalba ha entendido que esta demanda por un supuesto delito público
es un ejercicio de
todos ciudadanos españoles. El juzgado fundamenta que “el bien protegido en
los delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones o cualquier otro
relacionado con el ejercicio de la función pública, es el recto y normal
funcionamiento de las Administraciones Públicas que constituye un presupuesto
básico de una sociedad democrática. Existe un incuestionable interés general de
todos los ciudadanos en que los órganos de la Administración del Estado en
general y de las demás Administraciones en particular, respondan a criterios de
legalidad y efectividad con lo que se refuerza el estado de derecho y la
confianza de los ciudadanos en las personas que por representación o por
cualquier causa ejerciten funciones de relevancia e interés general. Pero se trata
de un interés difuso que no puede ser encarnado por ninguna persona en
particular, pertenece a la comunidad en general y por ello la única forma de
personarse en unas actuaciones penales en concepto de parte es a través del
ejercicio de la acción popular.”
La acción popular requiere de la parte demandante el depósito de una fianza
que el juzgado ha fijado en 3.000,00 euros. Esta es una sección sindical modesta
y para que la denuncia siga adelante, es necesario que reunamos esta cantidad
y la depositemos en el juzgado en un plazo de 10 días. Por eso acudimos a ti,
vecino, asociación o colectivo de Alpedrete que compartes nuestra
determinación a la hora de denunciar y combatir estas prácticas
antidemocráticas que revelan un desprecio a las instituciones y a sus servidores
públicos, arrogándose el papel de “yo soy la ley”, sin sometimiento al estado de
derecho.
Es el momento de denunciar y de actuar y de superar la dificultad económica
que nos impone el sistema judicial, quién sabe si con ánimo disuasorio, para que
podamos entre todos reforzar el valor de la justicia dentro de nuestro estado de
derecho.
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