En el espacio de apenas cinco años y pese a la sistemática resistencia del poder económico, militar y eclesiástico, la "república de trabajadores de toda clase" inició la reforma agraria, instauró el estado laico, generalizó la jornada laboral de 8 horas, reguló el derecho de huelga, potenció los convenios colectivos, impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura, reconoció el derecho de voto a la mujer, legalizó el divorcio y aplicó una política exterior de defensa de la paz y la democracia.
Por su orientación y realizaciones, la II República significó para amplios sectores sociales más derechos y más democracia.
Sin embargo, ese proyecto de país apenas esbozado fue truncado por el golpe militar-fascista de 1936. Los cuarenta años de dictadura que le siguieron desmantelaron esa obra y blindaron en el poder a una coalición de militares, banqueros y miembros de la jerarquía eclesiástica.
Tras muchos años de dura lucha por la democracia y la libertad, la Transición reforma el viejo edificio donde se cobijaba esa coalición de poder. La amplia mayoría de la sociedad consiguió de nuevo, aunque con muchas limitaciones, derechos, libertades y democracia.
Más de treinta años después, la crisis económica es utilizada para acabar con conquistas duramente conseguidas haciendo a su vez que el marco político entre también en crisis.
El poder del mercado determina al poder político, desmantela los avances políticos y sociales y limita la democracia. El sistema político, con la ley electoral como punta de lanza, constriñe y falsea la participación y la voluntad popular. La reciente reforma constitucional consagra el sometimiento del bienestar social a los intereses de los especuladores y los banqueros.
Sin embargo, la contestación crece. La memoria, pese a quien pese, no se ha perdido. Sabemos que sólo a través de la lucha y la movilización podemos conseguir los derechos que nos están quitando. Sabemos que sólo juntándonos podremos darle la vuelta a esta situación. Porque somos más.
Frente a un modelo de país basado en la especulación y el ladrillo, sometido al poder económico, donde los principales partidos monárquicos compiten a la hora de satisfacer las necesidades de uno u otro sector económico, es necesario poner en pie un nuevo proyecto de país.
Un nuevo proyecto de país que ponga en el centro de su política y su economía la participación activa y el bienestar social de la mayoría, la democracia participativa y los derechos sociales.
Para esto, apostamos por abrir un proceso constituyente.
La apuesta por un proceso constituyente es una llamada a luchar por nuestro futuro, a recuperar la soberanía popular y dar poder a la mayoría social trabajadora como realización de la democracia.
Un proceso constituyente entendido como articulación de una amplia mayoría social movilizada en la lucha democrática por sus derechos. Apelamos al poder constituyente, al conjunto del pueblo, el único que es capaz de definir y decidir el proyecto de país que queremos.
Un país con más derechos y más democracia, que hoy sólo puede significar una cosa: la Tercera República.
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