Querella Bárcenas: Concentración 30 de Julio

Durante años la corrupción se ha asentado de forma transversal en buena parte de las administraciones del Estado. Hablamos de cohecho, de tráfico de influencias, de financiación ilegal, prevaricación o adjudicaciones ilícitas. Mientras los medios de comunicación ponen el acento en el cobro de sobresueldos de políticos, lo que denunciamos nosotras y nosotros es la presunta obtención de millones de euros en dinero negro que se repartían cargos y políticos del PP. Pues la mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas fueron realizados por directivos de grandes constructoras que presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras alejadas de las necesidades reales de la población, o en otros negocios como la adjudicación de la construcción y explotación de hospitales públicos, generando una deuda ilegítima que no debemos pagar.

Los papeles de Bárcenas reflejan mucho más: muestran con nitidez lo injusto y absurdo de un modelo económico, el capitalista, que tiene por objetivo principal el incremento constante del beneficio sin que importe a costa de qué se gane dinero, los engaños y mentiras o los riesgos a los que se someta a las personas.

Se nos decía que las infraestructuras de transporte promueven el desarrollo económico y crean empleo. Sin embargo, hoy el Estado español es récord en todo tipo de infraestructuras de transporte. Tenemos más kilómetros de autovías y autopistas, o de kilómetros de alta velocidad ferroviaria infrautilizada, o de aeropuertos deficitarios que ningún otro vecino europeo; pero, parejo a esto, también somos récord en recesión económica y desempleo. También tenemos tristes ejemplos recientes de lo que puede suponer una apuesta por la velocidad sin extremar las medidas de seguridad.

Mientras se canalizan grandes cantidades de dinero público a pocos bolsillos, se incrementan los gastos militares y se intenta “reactivar la economía” a costa de lo que las personas necesitan para llevar una vida digna: sanidad, educación, vivienda, salarios, dependencia, pensiones y prestaciones públicas; mientras se arrasa la negociación colectiva y se condena al paro y a la precariedad a trabajadores y trabajadoras; mientras se rescata a los bancos que desahucian a las personas;  mientras que el trabajo invisible que las mujeres, mayoritariamente, realizan en los hogares es utilizado como amortiguador de los ajustes que afectan al cuidado de las personas –disminución de becas de comedor, la subida de tasas de escuelas infantiles o la merma de las ya escasas ayudas a la dependencia–; mientras que se expulsa de la universidad a miles de jóvenes por su condición de clase y se pretende establecer un modelo educativo basado en la competitividad social; mientras que se insiste en la expropiación del cuerpo de las mujeres y, por contra, se sacraliza aún más la propiedad privada que priva a quienes no tienen la posibilidad de acceder a los mínimos; mientras que se apuesta por un modelo energético y depredador de los recursos naturales de otros países; mientras que la institución eclesial adquiere más poder en la educación y se atrinchera en sus posiciones patriarcales; mientras que decenas de miles de jóvenes españoles se ven forzados a emigrar por falta de empleo y las personas inmigrantes son estigmatizadas; mientras que la Troika sigue presionando a los Estados intervenidos exigiendo más sacrificios al conjunto de la ciudadanía…

Mientras sucede todo esto vemos cómo son indultadas personas delincuentes de “cuello blanco” implicadas en delitos de fraude al fisco, sobreseídos o anulados casos de corrupción y malversación fondos públicos de políticos de distinto signo. Las personas imputadas en estos casos no llegan ni siquiera a defender su inocencia, sino que se escudan en la prescripción de sus delitos o en errores de forma en el procedimiento.

La ciudadanía de este país está harta. Sabemos que no estamos ante un caso de corrupción puntual, sino ante el problema de un sistema corrupto. Por lo tanto necesitamos darle un vuelco a esta realidad, y esto abarca distintas estrategias: cambios en el modelo de producción y reparto de la riqueza, inicio de procesos constituyentes de base popular en los distintos niveles del Estado; alentar la autogestión y autoorganización, repensar una práctica política de soberanía popular que conforme amplios bloques sociales que respeten la diversidad, tomar conciencia de la ecodependencia y finitud de los recursos naturales; valorar y repartir los trabajos vinculados a la reproducción humana y social… y también conseguir que el marco normativo del Derecho esté al servicio de los intereses comunes y no sea un artilugio manipulable por quienes se enriquecen a costa de la explotación y el expolio de la mayoría.

Por ello creemos que defender esta querella, es también parte de la defensa de la regeneración democrática de la organización social. Es uno de los instrumentos de la sociedad civil para señalar a los presuntos saqueadores de las arcas públicas, que nos permite visibilizar con claridad cómo se sostiene un sistema que se encuentra en franca descomposición.

Por ello, no podemos consentir movimientos y trampas que no tienen otro fin que obtener la nulidad del caso Bárcenas o su prescripción. Hemos leído en la prensa informaciones sobre abogados que ofrecen tratos al extesorero para que no hable, intentos de maniobras en instancias judiciales que podrían viciar de nulidad el procedimiento judicial, promesas de cambios de ministros. El fantasma del caso Naseiro, aquella otra historia de tesoreros y financiación irregular que acabó en nulidad, planea sobre la actualidad.

Nos toca demostrar que estamos alerta, que no admitiremos tretas o amaños judiciales para que, una vez más, queden impunes los responsables de robar al pueblo. Esta lucha es parte imprescindible de ese cambio global que necesitamos simplemente para poder vivir con dignidad.

NULIDAD ES IMPUNIDAD
GOBIERNO DIMISIÓN