CC OO denuncia a la alcaldesa por un presunto caso de prevaricación

Visto en www.elfarodelguadarrama.com

Por ENRIQUE PEÑAS

Cuando apenas quedan cuatro meses para las elecciones, la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado (PP), tendrá que enfrentarse a la querella por una “supuesta prevaricación” presentada el miércoles ante los Juzgados de lo Penal de Collado Villalba por la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en este Ayuntamiento.

El motivo de la denuncia, indicaron ayer los responsables del sindicato en una rueda de prensa, “es la contratación por seis meses de dos trabajadores mediante decreto firmado por la alcaldesa el 19 de julio de 2010 para el desempeño de las funciones de oficial primera del departamento de Obras”. Desde CC OO indican que los citados contratos se hicieron sin convocatoria pública, “informando la secretaria del Ayuntamiento desfavorablemente pues esa contratación no puede hacerse directamente, sino que ha de realizarse por medio de oferta pública de empleo, garantizando los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, así como, entre otras cosas, la publicidad de las convocatorias y de sus bases y la transparencia del procedimiento”. Pleno conocimiento
Montserrat Gomis, de la sección sindical de CC OO, aseguró ayer que Casado “tenía pleno conocimiento” del citado informe, puesto que fue rubricado por ella misma. Indicó igualmente que una de las personas beneficiadas por este contrato es “hijo de un primo hermano” de la regidora, hecho que Comisiones Obreras considera especialmente grave, por lo que ya en su momento pidió la anulación del polémico decreto de Alcaldía y la convocatoria del correspondiente proceso selectivo, sin recibir ningún tipo de contestación.

Así las cosas, la sección sindical puso el caso en manos de los servicios jurídicos de CC OO, valorando que los hechos podían ser constitutivos de “un presunto delito de prevaricación”. Además, Gomis manifestó que se trata de un hecho puntual, puesto que ya en 2009 se dictó un decreto “para contratar de forma indefinida al encargado de obras”. Entonces se optó por la vía de lo contencioso-administrativo, mientras que ahora la denuncia se tramita por lo penal. “La alcaldesa actúa al margen de la ley, con contratos a dedo que benefician a quien le interesa”, señaló, añadiendo que esta situación perjudica a los cientos de desempleados de la localidad “que no han podido acceder a esta oferta de empleo público. Se ha beneficiado a dos personas, entre ellas un familiar de la alcaldesa, lo que es un comportamiento totalmente antidemocrático”. También subrayó que no se puede justificar la contratación apelando a la urgencia, puesto que se trataba de cubrir las vacantes de dos compañeros que se habían jubilado, algo totalmente previsible”.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en la comarca, Julio Suárez, aseguró que se trata de “una práctica reiterativa” en el Ayuntamiento alpedreteño, sin tener en cuenta al Comité de Empresa ni a los representantes sindicales. “Esto no es una empresa privada; la alcaldesa no tiene la potestad de meter a quien quiera, como quiera y cuando quiera”, concluyó.

La respuesta del Ejecutivo
Tras las declaraciones de Comisiones Obreras, el Equipo de Gobierno remitió un comunicado en el que aseguraba que siempre se ha actuado “con plena sujeción a la Ley y al Derecho, incluyendo” la contratación de las personas a las que se refiere la denuncia. En segundo lugar indica que “los dos empleados municipales ante todo son personas y deberían ser respetadas por un sindicato que supuestamente defiende a los trabajadores, y no ser utilizados por CC OO para sus fines políticos. Estas personas fueron seleccionadas con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad por el INEM, por lo que no existió intervención alguna del Ayuntamiento, que se limitó a contratar a las personas propuestas”. A juicio del Ejecutivo, las manifestaciones de Comisiones Obreras y su denuncia “responden únicamente a motivaciones políticas como consecuencia de la negativa del Equipo de Gobierno a sus continuas exigencias. Buena prueba de esto es que ningún otro sindicato con representación en el Ayuntamiento ha impugnado esta cuestión”. Finalmente, el Gobierno de Marisol Casado indica que, “una vez se produzca el archivo de la denuncia, exigirá al sindicato y a sus representantes las responsabilidades penales y civiles que procedan por los delitos de acusación falsa y calumnias”.